La iniciativa, aún en fase de anteproyecto, establecerá diversas obligaciones para operadores y suministradores, pero también para el Gobierno. Se busca generar una confianza necesaria en su funcionamiento y, sobre todo, la protección frente a manipulaciones de datos o comunicaciones por agentes externos, ya que la complejidad técnica de los sistemas 5G hace que las legislaciones ya existentes no abarquen los riesgos que trae consigo.
El Gobierno tendrá como principal obligación la elaboración del llamado esquema de seguridad 5G. En síntesis, supone un análisis nacional de riesgos de la tecnología 5G, que incluirá, entre otros, los informes de riesgos proporcionados por los operadores, y que deberá adoptar las medidas de seguridad necesarias para mitigarlos. Los operadores estarán, por tanto, obligados a colaborar con el Gobierno en la elaboración de dicho esquema, facilitando la información requerida tanto los operadores y los suministradores como los fabricantes 5G.
Fuente: www.elconfidencial.com
